México atraviesa uno de los momentos más complejos de su relación con Estados Unidos desde la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo que durante décadas fue una agenda centrada en el comercio, la migración y la seguridad fronteriza, hoy se ha transformado en una presión multifacética que alcanza temas tan delicados como el combate al crimen organizado, el tráfico de combustibles, el lavado de dinero, la corrupción política y la penetración de grupos criminales en diversas estructuras de gobierno.
La posición mexicana no es sencilla. Por un lado, la defensa
de la soberanía nacional exige rechazar cualquier intento de intervención o
imposición extranjera. Por otro, la creciente preocupación de nuestro principal
socio comercial respecto a la seguridad regional y al funcionamiento de las
cadenas económicas obliga a México a demostrar con hechos que cuenta con
instituciones capaces de enfrentar estos desafíos.
Estados Unidos observa con preocupación fenómenos que ya no
son exclusivamente mexicanos. El tráfico de drogas sintéticas, el flujo de
recursos ilícitos, el contrabando de combustibles y las redes financieras
vinculadas al crimen tienen efectos directos en ambos lados de la frontera.
Desde esa perspectiva, Washington ha dejado claro que considera estos problemas
como amenazas compartidas que requieren respuestas contundentes.
La presión no se limita al terreno diplomático. El T-MEC se
ha convertido en un poderoso instrumento de influencia. La estabilidad
económica de México depende en gran medida de la confianza de los
inversionistas, de la certidumbre jurídica y de la fortaleza de las
instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho. Cualquier señal de
debilidad en estos aspectos puede traducirse en consecuencias económicas que
afecten empleo, inversiones y crecimiento.
El desafío para México consiste en evitar dos extremos
igualmente peligrosos. El primero sería adoptar una actitud de confrontación
permanente basada únicamente en discursos nacionalistas que ignoren los
problemas internos que exigen atención urgente. El segundo sería aceptar sin
reservas presiones externas que pudieran interpretarse como una renuncia a la
capacidad soberana de decidir el rumbo del país.
La solución pasa por fortalecer nuestras instituciones,
transparentar la actuación de los gobiernos, combatir la corrupción sin
distingos partidistas y garantizar que la ley se aplique de manera uniforme.
Ninguna nación puede aspirar a una posición de respeto internacional mientras
existan dudas sobre la eficacia de sus mecanismos de justicia y rendición de
cuentas.
La relación entre México y Estados Unidos seguirá siendo
compleja debido a la profundidad de sus vínculos económicos, sociales y
culturales. Sin embargo, las naciones fuertes no son aquellas que se aíslan de
las críticas, sino aquellas que son capaces de enfrentar sus problemas con
decisión y credibilidad.
México se encuentra ante una hora de definiciones. La
pregunta ya no es si existe presión externa. La verdadera pregunta es si
tendremos la voluntad política para resolver los problemas internos que han
permitido que esa presión encuentre terreno fértil.
Porque la mejor defensa de la soberanía nacional no se
construye con discursos, sino con instituciones fuertes, leyes que se cumplen y
ciudadanos que pueden confiar en ellas.
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