Con los pelos del jumento

Por.- César Adrián Castro Aguilar

La toma de carreteras por parte de transportistas y campesinos en diversas regiones del país es una de las manifestaciones más visibles de la creciente frustración social ante la falta de respuesta del gobierno federal frente a sus demandas de seguridad y justicia. En las últimas semanas, hemos sido testigos de bloqueos que, lejos de ser una simple acción de protesta, se han convertido en un acto desesperado de quienes ven cómo la violencia y la inseguridad crecen sin freno, mientras que las autoridades parecen cada vez más distantes de las problemáticas reales del país.

La situación es clara: la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, no solo en las grandes urbes, sino también en las zonas rurales y en las carreteras, donde los transportistas se enfrentan a robos, extorsiones, y hasta asesinatos. Según diversos reportes, los conductores de carga y los campesinos son blanco constante de grupos que operan con total impunidad. Las autoridades, en lugar de ofrecer soluciones concretas y eficaces, se limitan a discursos vacíos o promesas incumplidas, lo que provoca un descontento generalizado.

El caso de los transportistas es un ejemplo claro. Estos trabajadores, esenciales para el flujo económico del país, han denunciado una y otra vez las amenazas y agresiones que sufren a diario en su labor. Sin embargo, las respuestas del gobierno parecen no ir más allá de promesas de reforzar la seguridad, promesas que se diluyen rápidamente sin que se vea una mejora palpable en la situación.

La toma de carreteras es, en muchos sentidos, un reflejo del desbordamiento de un malestar social profundo. Cuando las instituciones del Estado fallan en garantizar lo más básico, como la seguridad de los ciudadanos, la desesperación lleva a las personas a recurrir a medidas extremas para llamar la atención. Las tomas de carreteras no son solo bloqueos de caminos: son una manifestación de un pueblo que ha perdido la esperanza en el sistema y que, ante la inacción del gobierno, decide tomarse las calles y carreteras como última instancia para que sus voces sean escuchadas.

Por un lado, el gobierno federal ha argumentado que estas manifestaciones son contrarias a los intereses del país y que dañan la economía. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre cuál es el verdadero daño que está causando el gobierno al permitir que la violencia y la impunidad sigan creciendo sin ser combatidas con la misma determinación con la que se reprime a los manifestantes. La verdadera pérdida económica no es el tiempo perdido en un bloqueo, sino el colapso gradual de un país donde los ciudadanos sienten que no pueden caminar tranquilos por sus calles ni transitar con seguridad por sus carreteras.

Uno de los riesgos más graves que se corre ante la falta de respuesta por parte del gobierno es la criminalización de la protesta social. Mientras el gobierno insiste en señalar las tomas de carreteras como un acto ilegal, no se detiene a pensar en las razones profundas que las motivan. Es necesario un enfoque más humano y comprensivo de la protesta, entendiendo que los ciudadanos no recurren a estos métodos por gusto, sino porque sienten que han sido despojados de sus derechos más básicos y, ante la indiferencia de las autoridades, no les queda otra opción que tomar la justicia en sus manos, aunque sea de manera simbólica.

La solución a esta crisis no pasa por una mayor represión o criminalización de los movimientos sociales. Lo que se necesita con urgencia es una respuesta clara y efectiva por parte del gobierno federal. Deben implementarse políticas públicas orientadas a frenar la inseguridad en las carreteras y en las zonas rurales, con un enfoque integral que contemple no solo la presencia policial, sino también la creación de condiciones sociales y económicas que alejen a los jóvenes y las comunidades de las redes del crimen organizado.

El gobierno debe, además, ser capaz de dialogar de manera efectiva con los sectores afectados, en lugar de tratar de silenciar sus demandas. Los transportistas y campesinos no piden un favor, piden lo que es su derecho: vivir y trabajar en un entorno seguro y sin temor a ser víctimas de la delincuencia.

La toma de carreteras es solo el síntoma de un problema mucho más grave que afecta a la sociedad en su conjunto: la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos. Si el gobierno quiere realmente poner fin a estas manifestaciones, debe dejar de lado los discursos vacíos y empezar a escuchar, de manera honesta y real, a aquellos que están en las calles pidiendo a gritos que se les garantice lo más elemental: vivir en paz.

El reto es grande, pero no insuperable. Si el gobierno se compromete a tomar medidas concretas, a dialogar de forma abierta con la sociedad y a erradicar la corrupción e impunidad que permiten que lo malo florezca, podría, con el tiempo, revertir la desconfianza y el malestar generalizado que hoy vive el país. Mientras tanto, las tomas de carreteras seguirán siendo una voz que, lamentablemente, sólo se escucha cuando ya es demasiado tarde.

¿Que pasara?

#LaHistoriaSigue

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