El diputado local de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, afirmó que el desalojo registrado en el asentamiento San José III debe convertirse en un punto de inflexión para que Durango construya una verdadera política pública de vivienda que atienda de manera preventiva el acceso a un patrimonio con certeza jurídica y evite que más familias sean víctimas de engaños o de la falta de oportunidades.

El legislador lamentó la situación que enfrentan las familias afectadas, al señalar que muchas de ellas fueron manipuladas por personas que lucran con la necesidad de quienes buscan un lugar donde vivir.

"Con las familias debe haber toda la sensibilidad y empatía, porque muchas son víctimas de un sistema y de quienes se aprovechan de su necesidad. Pero con los líderes que promueven invasiones y engañan a la gente debe aplicarse todo el peso de la ley", expresó.

Vivanco señaló que la invasión de terrenos representa un problema social que genera incertidumbre jurídica para miles de personas, quienes terminan habitando predios sin documentos que acrediten legalmente su propiedad.

"Lo peor de estos casos es que quienes terminan pagando las consecuencias son las personas que menos tienen. Necesitamos evitar que más familias caigan en manos de charlatanes que les prometen un patrimonio sin ningún sustento legal", sostuvo.

El diputado consideró que, además de atender la situación inmediata mediante esquemas de reubicación y apoyo a las familias, es indispensable que los tres órdenes de gobierno asuman su responsabilidad para construir soluciones de largo plazo.

Recordó que hace un año presentó una iniciativa para reformar la política estatal de vivienda, precisamente con el propósito de garantizar que más duranguenses puedan acceder a un patrimonio digno, legal y con condiciones adecuadas para su desarrollo.

"La vivienda digna no significa únicamente tener un techo; significa contar con certeza jurídica, acceso a servicios, infraestructura, movilidad y condiciones que permitan el desarrollo de las familias. Mientras no exista una política integral de vivienda, seguirán apareciendo asentamientos irregulares y seguiremos reaccionando cuando el problema ya es mucho más complejo", señaló.

Martín Vivanco explicó que su propuesta plantea modernizar la legislación estatal mediante un enfoque integral que reconozca nuevas modalidades de acceso a la vivienda, fortalezca la planeación urbana y promueva una mayor coordinación entre los sectores público, privado y social.

Entre los principales ejes de la iniciativa destacan el reconocimiento de figuras como la vivienda social en arrendamiento, la autoproducción, la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda; la creación de un Plan de Vivienda de Arrendamiento Accesible para zonas metropolitanas; el fortalecimiento del Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda; la generación de estímulos jurídicos, fiscales y financieros para proyectos habitacionales de interés social, así como una mayor coordinación institucional para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho.

La propuesta está alineada con estándares internacionales en materia de derechos humanos, al reconocer la vivienda digna como un derecho fundamental que debe garantizar condiciones de seguridad, habitabilidad y desarrollo para todas las personas.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a retomar la discusión de esta iniciativa para construir una estrategia estatal de vivienda que permita prevenir nuevos conflictos sociales.