• La Administración de Sheinbaum eleva el tono contra Washington, abandona los burocráticos canales diplomáticos y prepara una denuncia penal contra el ICE por el fallecimiento de mexicanos bajo custodia o en redadas.

México ensayará de nuevo la atrevida estrategia jurídica y política de buscar justicia en tribunales de Estados Unidos aun contra las instituciones y los intereses del país norteamericano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el ICE, la agencia antiinmigrantes de EE UU, por la muerte o asesinato de al menos 17 migrantes mexicanos que estaban bajo custodia de esa dependencia o durante las redadas. La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado por disparos de un agente del ICE ha sido la gota que colmó el vaso para el Gobierno de Sheinbaum, que hasta ahora se había limitado a seguir los burocráticos canales formales, por vía de quejas diplomáticas y alegatos públicos en defensa de los trabajadores migrantes.

Paralelamente a la ruta penal, México también presentará una demanda civil por malas prácticas contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención, a los que una investigación independiente ha señalado por retrasos en la atención médica de los internos, las condiciones insalubres del encierro y otros abusos. “No podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir: que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable”, ha dicho la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera. La ofensiva de México no puede leerse al margen de la tensa fase que atraviesa la relación bilateral, con las amenazas de la injerencia de Estados Unidos y la ardua revisión del TMEC, el tratado comercial entre ambos socios junto con Canadá.

México también ha decidido involucrar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a quien le ha solicitado abogar por los migrantes y a pronunciarse contra las agresiones cometidas por el ICE. Sheinbaum confía en que las denuncias penales, que se presentarán simultáneamente ante diversas fiscalías de EE UU, según su anuncio, no dañen la relación bilateral. Es difícil anticipar qué tan personal lo tomará el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien, en uno más de sus bulos, suele acusar sin pruebas a los migrantes de delinquir en su país.

De hecho, esa es la justificación de la dura política contra la migración en la era de Trump: que el ICE únicamente persigue a los indocumentados que representan una amenaza para los estadounidenses, algo que las evidencias refutan. Catorce mexicanos han muerto en centros de detención, y otros tres en el transcurso de los operativos del ICE. Eran trabajadores de la construcción, de restaurantes y el campo; con parejas e hijos nacidos en EE UU; algunos, como Lorenzo Salgado, en trámites para formalizar su estancia tras décadas de trabajar y pagar impuestos en ese país. Según cifras oficiales de México, en lo que va de año, han sido detenidos al menos 177.000 paisanos en Estados Unidos, y más de 13.000 siguen encerrados por su situación migratoria irregular. La presidenta Sheinbaum dijo que este mismo lunes se presentarían las denuncias penales por las muertes de migrantes, pero, hasta el cierre de esta edición, en la Cancillería no daban detalles del avance de la estrategia.

México ha obtenido resultados disímiles, a veces positivos, a veces adversos, en las jugadas legales en los tribunales estadounidenses. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno mexicano promovió dos demandas contra empresas fabricantes y distribuidoras de armamento de EEUU, a las que acusaba de negligencia y de contribuir al poder de fuego de los carteles de la droga, últimos responsables de la violencia y las miles de muertes en México. La Suprema Corte de Estados Unidos frenó una de las demandas, con base en una norma que da inmunidad a los fabricantes de armas, pero el segundo recurso, centrado en la venta de armas directamente a prestanombres para que las usen organizaciones criminales en México, sigue su camino.

Otro esfuerzo del Gobierno mexicano en la era de López Obrador fue la demanda civil en el Estado de Florida contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y sus testaferros. Este asunto, que corría en paralelo al juicio penal en Nueva York contra el exfuncionario por cargos de narcotráfico, buscaba recuperar parte de la fortuna que amasó García Luna en EEUU a partir de desvíos del erario mexicano. Impulsada por la UIF, la agencia antilavado, el recurso legal argumentaba que los bienes millonarios de García Luna debían restituirse a México, el titular original de los fondos malversados por el exfuncionario y su red de prestanombres. La jueza del caso resolvió que García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, deben pagar a México más de 3.000 millones de dólares.

El asunto de la violencia contra los migrantes mexicanos parece encaminado a presionar aún más la relación bilateral. Washington ha puesto en entredicho el discurso de que existe una cooperación igualitaria con México en materia de seguridad. El Gobierno de Sheinbaum ha visto varios indicios de que EE UU ha operado a espaldas de sus contrapartes mexicanas y con motivaciones políticas: desde la polémica actividad de agentes de la CIA en su territorio, resucitada con los recientes detalles alrededor de la detención de Ismael El Mayo Zambada por parte de la DEA, la insólita acusación del Departamento de Justicia por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, la espinosa renovación del TMEC o la crisis en Cuba. Un nuevo frente está por abrirse.