* El regidor de Movimiento Ciudadano llamó a revisar la implementación de “Mi Derecho, Mi Lugar” desde una perspectiva de derechos humanos.

La educación media superior debe entenderse como un derecho y no como un trámite administrativo, afirmó el regidor de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alan Espinosa, al fijar un posicionamiento sobre la implementación del programa “Mi Derecho, Mi Lugar” en Durango.

Señaló que la discusión no debe reducirse a determinar si un estudiante obtuvo o no un espacio en la preparatoria de su elección, sino a analizar si el mecanismo garantiza realmente el derecho de las y los jóvenes a continuar sus estudios en condiciones de igualdad, inclusión, certeza y dignidad.

“El artículo 3º constitucional establece que la educación media superior es un derecho y es obligatoria. Por eso, cualquier mecanismo de asignación debe evaluarse por su capacidad real de garantizar ese derecho”, sostuvo.

Espinosa reconoció que el objetivo del programa es legítimo: ampliar las oportunidades para que ningún joven quede fuera del bachillerato. Sin embargo, consideró necesario revisar las áreas de oportunidad que ha dejado su implementación, particularmente cuando una política diseñada desde el ámbito federal no responde adecuadamente a las condiciones particulares de las familias y estudiantes de cada entidad.

“No estamos cuestionando el derecho de las y los jóvenes a estudiar. Estamos cuestionando si el mecanismo que se diseñó para garantizar ese derecho realmente está funcionando para todos”, puntualizó.

El regidor enfatizó que garantizar un lugar no significa únicamente asignar un plantel, sino ofrecer una opción educativa viable, accesible, cercana y pertinente.

Desde una perspectiva de derechos humanos, Alan Espinosa advirtió que ningún algoritmo, plataforma o mecanismo administrativo debe convertirse en una barrera para ejercer un derecho.

“Detrás de cada registro hay una persona; detrás de cada asignación hay una familia, y detrás de cada estudiante hay un proyecto de vida”, expresó.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades educativas a escuchar a las familias inconformes, explicar con claridad los criterios de asignación y fortalecer los mecanismos para revisar los casos en los que exista desacuerdo.

Espinosa señaló que, sin invadir las competencias de las autoridades educativas, el Municipio puede contribuir mediante orientación, información y acompañamiento a las familias.

Finalmente, llamó a revisar las áreas de oportunidad de “Mi Derecho, Mi Lugar” y atender las inquietudes ciudadanas.

“Los derechos humanos no tienen partido y el derecho a la educación tampoco. Cada joven que termina la secundaria merece una oportunidad real de continuar estudiando y cada familia merece un proceso transparente, comprensible y justo. Desde el Municipio queremos ser parte de la solución: acompañar, escuchar y coadyuvar”, concluyó.