Por Armando Castro
• El decreto de la ley de
comunicación social y ley general de responsabilidad administrativa, atropello
a la constitución
• Toño Ochoa, enfrenta un nuevo
escenario en su relación con medios de comunicación
Diputados federales y alcaldes de
más de media docena ayuntamientos del país piden a la Suprema corte de justicia
de la nación, una acción de inconstitucionalidad, para declarar la acción de
invalidez del decreto de la ley de comunicación social, y ley general de
responsabilidad administrativas por el atropello a la constitución.
Dicho decreto entre otras cosas
obliga a los gobiernos a no gastar más que el irrisorio 0.1 por ciento del
presupuesto.
El decreto golpea la relación
prensa-estado, pues inhibe todo tipo de difusión de la obra pública, con el
pretexto de que los funcionarios públicos no deben publicitarse
La fracciones del PAN-PRI-PRD,
presentaron ante la SCJN, una acción de inconstitucionalidad para solicitar la
invalidez de dicha ley.
En el caso de Durango, el decreto
modifica el esquema administrativo con el cual venía operando el gobierno de
Toño Ochoa.
Por lo pronto el gobierno municipal
detiene todo lo relacionado a compra de espacios publicitarios.
#LaHistoriaSigue
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