Con la finalidad de proteger a quienes denuncien hechos de corrupción, fomentar la cultura de denuncia y rendición de cuentas, el diputado Ernesto Alanís Herrera propuso la Ley de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción para el Estado.

“Se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y servidores públicos que, actuando de buena fe, informen a las autoridades sobre actos indebidos, asegurando que no enfrenten represalias por actuar conforme a su ética”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

Al hacer uso de la tribuna, informó que, en México, el término “alertador” o “denunciante” se refiere a toda persona que, de buena fe, reporta ante las autoridades competentes hechos relacionados con corrupción. Estos ciudadanos desempeñan un papel clave en las políticas anticorrupción, al promover la rendición de cuentas y fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, enfatizó que el combate a la corrupción debe ser un esfuerzo permanente, con el objetivo de detectar y abordar las áreas de oportunidad que permitan erradicar este problema en todos los niveles del gobierno.

Agregó que la iniciativa destaca la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto y coordinado entre las entidades gubernamentales para dar seguimiento efectivo a las denuncias y aplicar medidas de protección. También se destacó que, en los últimos años, México ha avanzado en el fortalecimiento del marco jurídico para regular la actuación de los servidores públicos y atender mejor las necesidades ciudadanas.

“La corrupción es un problema complejo que afecta los derechos humanos, reduce el desarrollo económico y debilita la confianza en las instituciones. Proteger a los alertadores es esencial para fomentar un ambiente seguro que motive la denuncia y garantice la transparencia en el sector público y privado”, señaló Alanís Herrera.

Finalmente, expresó que uno de los grandes pendientes en México y en el estado es brindar protección efectiva a las personas que denuncian conductas que podrían constituir responsabilidades administrativas o delitos relacionados con corrupción.