Esta semana el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones económicas a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos; y a cualquier persona u organismo que colabore con las investigaciones de la CPI.

Estas sanciones derivan de las acciones que el organismo internacional tomó en noviembre del año pasado al emitir órdenes de arresto al actual mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, y al exministro de defensa israelí Yoav Gallant; a estas denuncias también se le sumó Ibrahim al-Masri, un oficial de Hamas, pero es seguro que las sanciones de Trump no son por las órdenes de aprehensión a este último personaje.

El actuar de la corte son por sospechas de crímenes de guerra realizados en Gaza. Por supuesto, la orden ejecutiva del mandatario estadounidense es por supuestas acciones ilegítimas en contra de Estados Unidos e Israel, país que ha reforzado cada vez más públicamente su alianza con EU.

Sin embargo, la corte no planea echarse para atrás con las investigaciones, afirmando que respaldará en todo momento a sus integrantes y colaboradores.

Esta no sería la primera vez en que la CPI ha tenido en mira al país norteamericano, que no es miembro del organismo, en años anteriores ya estaban en investigaciones por crímenes de guerra en Afganistán.