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Por. César Adrián Castro Aguilar

En las últimas semanas, el acoso al que ha sido sometida la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una discusión crucial sobre la seguridad y el respeto a las figuras de la más alta autoridad en México. Esta situación no solo refleja un atentado contra la integridad de la presidenta, sino que también pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer las medidas de protección que el Estado debe garantizar a quienes ocupan los cargos más relevantes dentro de la estructura gubernamental.

El acoso que ha sufrido la presidenta Sheinbaum, tanto en el ámbito público como en el digital, expone una crisis que va más allá de la simple polarización política. En un sistema democrático, el ejercicio del poder debe estar sujeto a la crítica, pero esa crítica debe ser respetuosa y constructiva. Sin embargo, en el caso de la presidenta, hemos sido testigos de ataques verbales y manifestaciones que sobrepasan los límites del debate legítimo, lo que representa un grave deterioro de la civilidad y el respeto por las instituciones.

Cabe señalar que el acoso no solo tiene efectos sobre la persona afectada, sino que también pone en riesgo la estabilidad de las propias instituciones del Estado. La figura presidencial, al igual que otros cargos de alta responsabilidad política, debe gozar de una protección no solo física, sino también moral, frente a los ataques que puedan atentar contra su capacidad para ejercer sus funciones con plena libertad y eficacia.

La seguridad de los funcionarios de alto nivel no debe ser entendida únicamente en términos de su protección física, sino como una cuestión integral que involucra el resguardo de la estabilidad política y el bienestar de las instituciones democráticas. El respeto y la confianza hacia las autoridades son fundamentales para la gobernanza de un país, y la percepción pública de que la figura presidencial está siendo constantemente atacada socava la legitimidad de la propia autoridad.

La seguridad de los presidentes y altos funcionarios no es una cuestión marginal, sino un aspecto fundamental de la estabilidad del Estado. En el caso de México, si bien es cierto que las medidas de seguridad han evolucionado a lo largo del tiempo, el contexto actual demanda una reflexión profunda sobre la eficacia de las políticas implementadas para garantizar la protección de las altas autoridades.

Durante años, el Estado Mayor Presidencial fue la institución encargada de la seguridad del presidente de la República y sus familiares, hasta que, en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera disolverlo como parte de su proyecto de austeridad y para evitar la concentración de poder en el aparato de seguridad presidencial. Esta decisión generó un debate sobre cómo garantizar la seguridad del presidente sin caer en excesos o en la creación de una figura de poder autónoma dentro del gobierno. En este contexto, el gobierno federal ha optado por reforzar la seguridad de los funcionarios a través de otras instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

No obstante, la seguridad de la presidenta Sheinbaum no debe depender únicamente de una cuestión de protocolo institucional. Es indispensable que las medidas de protección estén alineadas con las nuevas amenazas a las que los líderes políticos se enfrentan hoy en día, como el acoso digital y las campañas de desinformación, que pueden ser tan dañinas como las

amenazas físicas. En un mundo hiperconectado, las amenazas a las figuras políticas pueden venir de fuentes inesperadas y ser difíciles de controlar.

Las medidas de seguridad no deben ser vistas como un lujo o una carga para el erario público, sino como una necesidad que asegura el correcto ejercicio del poder. La tranquilidad y la protección de los líderes políticos son fundamentales para que puedan ejercer sus funciones con libertad, sin que el miedo o la constante amenaza interfieran en el ejercicio de sus atribuciones.

Más allá de las medidas específicas para proteger a las figuras presidenciales, el caso de Sheinbaum pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la seguridad de las instituciones en su conjunto. Cuando un líder político es blanco de ataques constantes, especialmente si estos se relacionan con su género, se corre el riesgo de deslegitimar no solo a la persona, sino a las instituciones que representa. Esto genera una erosión de la confianza en las estructuras de poder, lo que puede desencadenar una crisis de legitimidad institucional.

Es esencial, por tanto, que el Estado garantice medidas de protección que permitan a los altos funcionarios desempeñar sus funciones sin ser objeto de acoso o intimidación. La seguridad de las autoridades no solo es un derecho de las personas que ocupan estos cargos, sino una necesidad para asegurar el buen funcionamiento del sistema democrático y de la gobernanza en general.

En este sentido, resulta pertinente abrir un debate más amplio sobre las políticas de seguridad para los funcionarios públicos, no solo en términos de protección física, sino también en el plano simbólico y psicológico. Combatir la violencia simbólica, que se manifiesta en discursos de odio y campañas de desinformación, debe ser una prioridad para los organismos encargados de la seguridad y el orden público.

En conclusión, la discusión sobre el acoso a la presidenta Sheinbaum y las medidas de seguridad para los altos funcionarios no debe limitarse a un análisis superficial de las amenazas físicas. Es imperativo abordar esta cuestión desde una perspectiva integral que abarque tanto la protección física como la preservación del respeto y la dignidad de las figuras políticas en el ejercicio de sus funciones.

El fortalecimiento de las medidas de seguridad para los líderes del país es, en última instancia, un ejercicio de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Proteger a quienes ocupan los cargos más altos del poder no es solo una cuestión de seguridad personal, sino una inversión en la estabilidad política y la confianza pública. Solo a través del respeto mutuo, la convivencia democrática y el fortalecimiento de las instituciones podremos garantizar que el acoso, la violencia simbólica y las amenazas no debiliten el sistema democrático en su conjunto.

Mentas y mentadas.- una_299@hotmail.com