La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, y mediante los elementos probatorios ante sede judicial obtuvo sentencia condenatoria para Salvador Leonel Gallardo, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio agravado, cometido en contra de quien en vida respondiera al nombre de Adela Batres Cazares, de 42 años, quien falleció a causa de traumas múltiples.

De acuerdo con el hecho que obra en la carpeta de investigación, el 11 de junio del 2012, Adela viajó hacia esta ciudad para encontrarse con Salvador Leonel ya que mantenían una relación sentimental, siendo éste quien acudió a recibirla a la Central Camionera, para luego trasladarse hacia un domicilio ubicado en la calle Poanas del fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

Posteriormente, Salvador Leonel privó de la vida a Batres Cazares para luego colocar su cuerpo en bolsas negras, transportando los restos hacia el camino de terracería que conduce del fraccionamiento Los Encinos hacia el poblado Contreras de esta capital, y acto seguido se dio a la fuga.

Mencionar que tras tomar conocimiento del hallazgo de los restos el 20 de junio del 2012, el Agente del Ministerio Público aperturó la carpeta de investigación, así mismo elementos de la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales, realizaron las indagatorias correspondientes, fundamentando la presunta responsabilidad de Salvador Leonel, quien fue aprehendido mediante un mandato judicial obsequiado por el Juez.

Finalmente, se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el cual el Juez de la Causa dictó sentencia condenatoria para Salvador Leonel Gallardo, otorgando una pena privativa de la libertad de 29 años 11 meses y 29 días, así como al pago de una multa de 128 mil 144 pesos y por concepto de reparación del daño la cantidad de 354 mil 706 pesos.

La Fiscalía General del Estado de Durango reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia para las víctimas y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, asegurando procesos que se ajusten estrictamente a la legalidad y conforme a derecho.