EDITORIAL

La reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo se presenta bajo una narrativa conocida: austeridad, ahorro presupuestal y “menos privilegios” para los partidos. Sin embargo, el debate de fondo no es contable, sino estructural: se trata del equilibrio entre representación y poder en el Congreso, y del futuro del régimen de partidos en México.

Desde la reforma política de 1977 —promovida por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles; México transitó de un sistema hegemónico a uno de pluralismo gradual. La introducción de diputados de representación proporcional permitió que fuerzas opositoras accedieran a la Cámara sin necesidad de ganar distritos de mayoría. Aquella reforma abrió el sistema en un contexto de represión política y baja competencia electoral. Fue el primer gran paso hacia la alternancia que llegaría en el año 2000.

Hoy, casi cinco décadas después, el eje de la discusión es precisamente la representación proporcional. La presidenta ha planteado eliminar o reducir sustancialmente las listas plurinominales bajo el argumento de que encarecen la democracia y fortalecen el control de las dirigencias partidistas. El problema es que los datos no sostienen que el costo del Congreso sea el factor central de las finanzas públicas.

El argumento presupuestal: cifras en contexto

El financiamiento público a partidos políticos en 2024 ascendió a aproximadamente 10 mil millones de pesos, cifra que incluye actividades ordinarias y campañas. El presupuesto total aprobado para el Instituto Nacional Electoral (INE) superó los 22 mil millones de pesos. En conjunto, el costo del sistema electoral ronda 0.2% del gasto programable federal.

Para ponerlo en perspectiva: el presupuesto federal total supera los 9 billones de pesos. El ahorro potencial por eliminar legisladores plurinominales sería marginal frente al tamaño del gasto público. La discusión, por tanto, no es financiera; es política.

Representación proporcional y sobrerrepresentación

En la elección federal de 2024, Morena obtuvo alrededor de 41% de la votación para la Cámara de Diputados. Bajo el sistema vigente (300 distritos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional)  la Constitución establece un límite de sobrerrepresentación de 8% respecto al porcentaje de votación nacional.

Eliminar o reducir la representación proporcional alteraría ese equilibrio. En sistemas mayoritarios puros, un partido con 41% del voto puede alcanzar mayorías absolutas si su voto está eficientemente distribuido territorialmente. Esto no es hipotético: en modelos comparables, un partido puede obtener 50% o más de los escaños con una votación claramente inferior a la mitad.

El riesgo señalado por críticos es claro: que Morena pueda alcanzar mayoría absoluta —e incluso calificada— sin necesidad de aliados, modificando la correlación de fuerzas en el Congreso y debilitando el contrapeso legislativo.

La experiencia comparada

En la mayoría de las democracias parlamentarias europeas, los sistemas proporcionales permiten una correspondencia relativamente directa entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños. Países como España, Alemania o Países Bajos cuentan con mecanismos que facilitan la representación multipartidista.

México, en cambio, mantiene un modelo híbrido que combina mayoría relativa y representación proporcional, diseñado precisamente para evitar que una sola fuerza concentre poder con una minoría relativa del voto. La reforma propuesta rompe con esa lógica histórica.

El problema real: dinero ilícito y captura institucional

El texto base apunta a un elemento medular que rara vez ocupa el centro del debate: el financiamiento ilegal y la infiltración criminal. Diversos informes oficiales han documentado el crecimiento del contrabando de combustibles y la expansión territorial de grupos criminales que inciden en procesos electorales locales.

El financiamiento público fue concebido para reducir la dependencia de recursos privados opacos. Sin embargo, el problema no radica en los partidos pequeños, sino en la capacidad del partido gobernante para beneficiarse de estructuras paralelas de financiamiento y del uso electoral de programas sociales.

Reducir recursos a partidos sin fortalecer fiscalización y sin blindar al órgano electoral puede agravar el problema en lugar de resolverlo.

El registro de nuevos partidos y la libertad de asociación

México abre la posibilidad de registro nacional de nuevos partidos cada seis años, con requisitos que incluyen asambleas distritales o estatales y un mínimo de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral (más de 250 mil personas en términos actuales). En contraste, en varias democracias europeas el registro es permanente y menos restrictivo.

El debate sobre la eventual incorporación de nuevas fuerzas como el movimiento Somos México ilustra la tensión entre apertura y discrecionalidad. El árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido objeto de cuestionamientos por su integración reciente y por las reformas que han reducido márgenes operativos y presupuestales.

Sin apertura real del sistema, la eliminación de listas plurinominales puede consolidar una estructura cerrada donde competir sea cada vez más difícil.

Partidocracia vs. Democracia

Es cierto que el sistema vigente generó burocracias partidistas alejadas de la ciudadanía. El descrédito de dirigencias tradicionales es innegable. Pero sustituir un modelo imperfecto por uno que favorezca mayor concentración de poder no corrige el problema; lo desplaza.

No hay democracia sin partidos. La evidencia comparada es contundente: donde se debilitan las estructuras partidistas sin fortalecer instituciones, emergen liderazgos personalistas y mayorías poco equilibradas.

Lo que debería discutirse

Una reforma auténticamente democratizadora debería contemplar:

Igualar proporcionalmente votos y escaños.

Desbloquear listas para que el elector influya en el orden de prelación.

Facilitar el registro permanente de nuevos partidos.

Endurecer la fiscalización del financiamiento ilícito.

Blindar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral.

El ahorro presupuestal es una narrativa eficaz, pero no el núcleo del problema. Lo que está en juego es si el sistema político mexicano seguirá apostando por el pluralismo construido desde 1977 o si avanzará hacia un modelo de mayoría dominante con menor equilibrio institucional.

Rescatar al régimen de partidos no implica defender a las dirigencias actuales. Implica preservar la representación, abrir el sistema a nuevas opciones y cerrar el paso al dinero ilegal y a la concentración excesiva del poder. Sin partidos fuertes, abiertos y fiscalizados, no hay contrapesos. Y sin contrapesos, la democracia se convierte en trámite.

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