-Hay 3.8 millones de pobres más que en 2018 y 2.1 millones más en pobreza extrema 

“Mientras las cifras oficiales no demuestren una mejoría en el bienestar de la gente, mientras no se logre reducir la pobreza y la pobreza extrema, los programas sociales de este gobierno seguirán siendo un fracaso social, un desperdicio de dinero y una forma nada velada de la compra indirecta de votos”, consideró el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

En este sentido, presentó un punto de acuerdo en el que exhortó a la Auditoría Superior de la Federación para que efectúe una revisión específica sobre el manejo de los recursos públicos federales aplicados a la implementación de los programas sociales de Bienestar, dada la falta de resultados en cuanto a disminución de pobreza, desigualdad, y desarrollo económico.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, informó que este año el gobierno federal destinó a sus programas sociales prácticamente la mitad de los siete billones de pesos de todo el presupuesto, cifra mayor que la que se ejerció en 2021, sin embargo, para el 2023 el panorama no es diferente, más de la mitad de los 8.29 billones de pesos del están asignados estos programas.

“Un gasto de esa magnitud, debería de haberse ya reflejado en mejores condiciones de los beneficiarios y las propias comunidades”, resaltó al dar a conocer datos duros sobre el reproceso del actual gobierno de la República.

Al hacer uso de la tribuna, puntualizó que ahora hay 3.8 millones de pobres más que en 2018 y 2.1 millones más en pobreza extrema; en 2018 había 20.1 millones de mexicanos sin servicios de salud; ahora la cifra asciende a 35.7 millones, aunado a ello, se han sumado 6.9 millones de delitos, 20 por ciento más que el sexenio anterior.

Además, el PIB tiene una caída real de 3.5 por ciento y la inflación acumulada esta ya cerca del 18 por ciento, sin dejar de lado  la deuda neta del gobierno federal ha alcanzado los 10.5 billones de pesos.

“La mayoría de los programas sociales de este gobierno sólo consisten en dar dinero sin ningún objetivo ni meta. No se puede asegurar que el dinero sea usado para mejorar las condiciones de la familia o para gastos superfluos, simplemente no se sabe en que usa el beneficiario ese dinero, cuando le llega, porque además, sin reglas claras de operación y sin requisitos, hay innumerables denuncias de corrupción”, precisó.