En la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el recorte de fideicomisos del Poder Judicial, se utilizará en 2 millones de niños, al ser 15 MDP.

El día de ayer, 22 de octubre, manifestantes afectados se expresaron en completa libertad, pero AMLO afirma que no comparte que se defiendan estos privilegios, esto quiere decir, los altos salarios de los ministros.

“Bien están en su derecho, ayer hubo en la Ciudad de México 3, 4, 5 manifestaciones y todas se expresaron con absoluta libertad, vivimos en un país libre y democrático. Sobre esta marcha no comparto el que se defiendan privilegios”, declaró López Obrador.

José Ramón Cossío, ministro retirado, recibe una pensión mensual de 480 mil pesos, manifestó el presidente, comparado con  el máximo que debe ganar un exfuncionario, alrededor de 62 mil pesos mensuales. 

Agregó que los dirigentes del PRI y PAN estuvieron presentes en la manifestación del Poder Judicial, por lo que asegura que se trata de un movimiento del bloque conservador, se trató de acarreo de políticos conservadores para pedir que no se eliminen los fideicomisos del Poder Judicial.

Recordó que en alguna ocasión el Zócalo capitalino se llenó, ahora no tuvieron el suficiente apoyo de la ciudadanía como en los movimientos previos.

Actuarios, secretarios de juzgado, oficiales judiciales, jueces de distrito y otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestan contra la extinción de 13 fideicomisos; aseguran que en estos instrumentos financieros hay recursos que van directo a prestaciones laborales y a sus jubilaciones, e incluso hay aportaciones que los trabajadores realizan voluntariamente cada quincena.

¿Qué acciones tomarán? 

La iniciativa para extinguir 13 de 14 fideicomisos está ahora en manos del Senado de la República, en donde la mayoría parlamentaria de Morena y aliados podrían aprobar su extinción. 

Ante esa posiblidad, el ministro Luis María Aguilar señaló que buscarán promover una acción de inconstitucionalidad que requeriría el voto de 8 de los 11 ministros para declarar inválida la ley.