El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprovechó la época electoral como plataforma para impulsar la batalla por los millonarios impuestos que los grandes contribuyentes adeudan al fisco.

López Obrador, se negó a implementar una reforma fiscal progresiva para financiar las políticas de Estado, guiado por la convicción de que basta con que las grandes empresas paguen los impuestos justos y los adeudos fiscales que arrastran de hace años. 

Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial oficialista, afirmó que, de ganar las elecciones del 2 de junio, seguirá la misma ruta trazada por López Obrador: crecimiento económico y estabilidad sin recurrir a una reforma fiscal, sino a través de reforzar el cerco a los grandes deudores, un modelo que los especialistas consideran insuficiente para financiar las funciones del Estado el próximo sexenio.

Además, López Obrador dio a conocer en su popular Mañanera los esfuerzos del Gobierno para cobrar al magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, un adeudo de 26.000 millones de pesos. 

La polémica con el empresario ha servido al presidente de percha, incluso, para alimentar la campaña contra el Poder Judicial, luego de acusar a un ministro del Supremo, Luis María Aguilar, de haber retrasado intencionalmente un juicio que permitiría cobrar a Grupo Salinas una parte de su deuda. 

Sheinbaum se sumó el pasado jueves al pulso contra el magnate. “Hay que pagar impuestos. Los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos. Nos corresponde a todos”, dijo la candidata en Monterrey (Nuevo León). En su batalla por los recursos fiscales, el presidente ha arremetido incluso contra personas físicas (no empresas) con las que está políticamente enfrentado. Este jueves, reveló cómo intervino para que el SAT —el órgano tributario— cobrase impuestos pendientes a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga, muy críticas de su Administración.

El Gobierno ha celebrado por todo lo alto que las empresas mexicanas están rindiendo más cuentas al fisco mexicano. Los grandes contribuyentes ingresaron 2,2 billones de pesos en impuestos en 2023, el 51% de la recaudación total, superior a 4,5 billones de pesos del año pasado. De acuerdo con los datos del SAT, en 2023, se recaudaron 248.651 millones de pesos por actos de fiscalización y se logró la regularización total o parcial de 918 grandes empresas. Esta cifra supone un crecimiento de recaudación del 30,35% respecto a 2022.

La batalla legal entre el Gobierno y los grandes contribuyentes ha llegado a los pasillos de los tribunales. Este jueves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró en sesión pública como infundado el juicio contencioso intentado por General Motors para impugnar las resoluciones del fisco mexicano por más de mil millones de pesos. El fallo de los magistrados supone una batalla ganada a favor del Gobierno mexicano. En este sentido, el SAT ha informado de que de 2019 a 2023 ha logrado recaudar 49.224 millones de pesos a las grandes empresas del sector automotriz. Hasta julio del año pasado, el organismo federal había ejecutado 207 revisiones a contribuyentes de dicha industria.

Durante este sexenio, además de Grupo Salinas, el Gobierno federal ha puesto en la mira el pago de impuestos de otras multinacionales. Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, IBM, Femsa, América Móvil, son solo algunos de los otros nombres que han sido fiscalizados por el Servicio de Administración Tributaria por el pago de impuestos atrasados o créditos fiscales por cobrar. En 2020, Walmart desembolsó 8.000 millones de pesos en impuestos por la venta de Vips a Alsea siete años atrás. Ese mismo año, la embotelladora Femsa dio a conocer que pagó al SAT 8.790 millones de pesos para “finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales”, declaró la compañía embotelladora de Coca-Cola en ese entonces.

A pesar de la recaudación, los especialistas señalaron la urgencia de una reforma fiscal progresiva, esto quiere decir, que cobre más impuestos a quienes tienen más ingresos y capital. La Alianza por la Justicia Fiscal ha indicado que las necesidades de México para financiar la salud, la educación, el sistema de cuidados y la transición energética suponen un gasto adicional del 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una meta difícilmente alcanzable con el modelo tributario actual. A las presiones económicas hay que sumar el pago de los intereses de la deuda, el imparable rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el fondeo de los múltiples programas de ayudas sociales que se han convertido en obligaciones constitucionales. Los expertos señalan que, si bien el Gobierno ha obtenido ingresos adicionales mediante ahorros en el gasto corriente y la tributación de los grandes deudores, en algún punto, el margen de maniobra para la próxima Administración será mínimo.

Info: El País.