La iniciativa de la Ley Magno ha generado controversias en redes sociales, pues propone que las acusaciones no sean divulgadas públicamente hasta que se emita un veredicto judicial, el argumento declara que la pura acusación puede erosionar la presunción de inocencia.

Busca la protección de la presunción de inocencia para los hombres acusados en contextos de violencia de género, incluyendo abuso y acoso. Sin embargo, han explicado que de ser aprobada, sólo afectaría a las posibles víctimas. 

Este enfoque ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los acusados y la voz de las víctimas. La "Ley Magno" busca, según sus promotores, garantizar juicios justos y basados en evidencias, pero críticos señalan que podría limitar la capacidad de las víctimas para hablar públicamente y buscar apoyo.

• Juicios Basados en Pruebas: los procesos judiciales deben basarse en evidencias concretas, evitando la influencia de la opinión pública sobre los casos.
• Confidencialidad de las Acusaciones: Propone que las acusaciones no se hagan públicas hasta que haya un veredicto judicial. El objetivo es prevenir que la reputación del acusado se vea afectada por meras acusaciones.

Sin embargo, existen normativas que protegen a las víctimas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, definiendo varios tipos de violencia como psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, y estableciendo el concepto de violencia feminicida. Ha sufrido modificaciones para adaptarse a las necesidades sociales. 

Una ley relevante surgida posteriormente es la "Ley Olimpia" de 2021, que penaliza con prisión y multas la violación a la intimidad sexual a través de tecnologías de información y medios de comunicación. Inspirada por Olimpia Coral Melo, cuya experiencia personal de violencia digital impulsó la legislación, esta ley protege contra la distribución no consensuada de contenido íntimo sexual.

El año pasado, en marzo, la "Ley Monzón" fue aprobada en Puebla, retirando la patria potestad a feminicidas y aquellos investigados por feminicidio, en honor a la activista Cecilia Monzón, buscando proteger a los hijos de víctimas de violencia de género, estableciendo severas sanciones para funcionarios que obstruyan investigaciones sobre feminicidios. La iniciativa surgió tras el asesinato de Monzón por parte del político Javier López Zavala, quien conservaba la patria potestad de su hijo a pesar de ser su asesino.

La "Ley Matilde", propuesta en 2023, busca sancionar a servidores públicos que obstruyan investigaciones de delitos de género. Inspirada en la lucha de la diputada Lilia Aguilar Gil tras el feminicidio de su madre Matilde Gil Herrera, esta ley pretende evitar la revictimización y asegurar la justicia efectiva en casos de violencia de género. La iniciativa enfatiza las deficiencias en los protocolos de desaparición y busca mejorar la respuesta institucional en estos casos.