La magistrada Mónica Soto inició este 1 de enero su gestión como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y aseguró que se encuentra garantizado el proceso electoral de 2024.

El Tribunal Electoral dió a conocer que la presidenta realizó un reconocimiento al trabajo cotidiano de las y los trabajadores de la institución.

Mónica Soto, dijo que con el compromiso de las cinco ponencias que conforman la Sala Superior de este tribunal, así como con la dedicación de los equipos de profesionales que laboran en este órgano judicial, se encuentra plenamente garantizado el proceso electoral de este año.

También hizo un reconocimiento a la labor del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de quien dijo, se trata de un jurista de muy alto nivel cuyo trabajo es necesario para el buen desempeño de esta institución.

En un recorrido por las instalaciones del tribunal, en el que estuvo acompañada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, señaló no que inicia su presidencia el mismo día en que cumple 30 años de servicio ininterrumpido en el sistema electoral mexicano, en el que ha escalado distintos niveles hasta llegar a este nuevo encargo.

Por su parte, se comprometió por aportar toda su experiencia y conocimientos para hacer que el TEPJF se consolide como autoridad máxima en materia electoral y se mantenga como un referente a nivel mundial como una institución jurisdiccional que innova en la aplicación del derecho, a fin de consolidar la participación política libre y sin violencias hacia las mujeres, así como de diversos grupos de la población históricamente discriminados.

Aseguró que está garantizada la continuación de las funciones de las áreas jurisdiccionales del TEPJF, integradas por las cinco salas regionales y la sala especializada, así como de las áreas de apoyo técnico-jurídico y administrativo.

La magistrada presidenta tuvo la oportunidad de revisar los temas jurisdiccionales que se abordarán en la sesión del próximo miércoles y refrendó su compromiso por mantener el buen desempeño de las atribuciones del pleno de la Sala Superior, a través de resoluciones justas y apegadas a derecho, como sustento para la paz social.