Funcionaria de Defensa acusada de trata de migrantes Venezolanos
Por Blanca Maldonado - febrero 27, 2024
Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los supuestos delitos de “trata de personas” y “asociación para delinquir” de decenas de venezolanos en el departamento de Artigas, en el norte del país, fronterizo con Brasil y Argentina.
Estas seis personas fueron acusadas por la fiscal de Artigas de 2º turno, Sabrina Massaferro, de formar parte de una red que captaba venezolanos para trabajar en condiciones de “explotación laboral” y en “diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”, en una cantera de piedras semipreciosas.
Según la formalización de la acusación fiscal, las víctimas fueron más de 30 venezolanos que trabajaban en esa cantera. Uno de ellos, quien llegó a Uruguay en enero, fue quien realizó la denuncia.
La Fiscalía solicitó una prisión preventiva de todos los imputados, pero el juez del caso decidió en cambio las siguientes medidas: obligación de fijar domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y retención de sus documentos de viaje, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de dispositivo de monitoreo electrónico.
La acusación fiscal explica que los venezolanos llegaron a Uruguay “por haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta laboral”. Luego tuvieron entrevistas a través de videollamadas, donde les realizaron las ofertas concretas de empleo: trabajo en una cantera de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas, a cambio de un ingreso aproximado de entre US$ 1500 y US$ 2000 por mes más alojamiento, comida y seguro médico. El régimen de trabajo sería de 8 horas diarias, como lo estipula la ley uruguaya.
Sin embargo, la Fiscalía afirmó que se trató de un caso de “explotación laboral” en el cual los venezolanos trabajaban 12 horas por día y solo recibieron un pago de un máximo de US$ 250.
El ministro de Defensa Javier García dijo que la funcionaria de su ministerio involucrada en el caso es una funcionaria “de carrera” con más de 30 años en el ministerio, y que no era “asesora personal ni cargo de confianza” suyo. Sin embargo, la oposición uruguaya difundió una resolución ministerial del año 2023 que la designa en el cargo de “jefa interina de la Sección Notarial”.
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