Afilando el lapicero

Por. - César Adrián Castro Aguilar

El primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta ha sido intenso en términos de definición política, simbólica e institucional. Aunque muchas de sus políticas tienen continuidad con el mandato de López Obrador, ha habido intentos de marcar diferencias, tanto en estilo como en prioridades.

Sheinbaum logró niveles de aprobación altos para los primeros meses de su gobierno, impulsados en parte por la continuidad de programas sociales, campañas de comunicación y ciertas políticas de seguridad en el país.

Sin embargo, existe tensión entre los indicadores oficiales y la percepción pública en materia de seguridad: muchas personas sienten que la inseguridad no ha mejorado.

Uno de los ejes más visibles ha sido la política de seguridad: mayor énfasis en la inteligencia, coordinación interinstitucional y uso más activo de la Guardia Nacional. Sheinbaum ha tratado de demostrar autonomía e impulso propio en este tema.

También ha mostrado disposición para actuar sobre problemas complejos como el huachicol fiscal, con arrestos y denuncias, lo que genera reconocimiento, aunque también críticas por dilaciones o impunidad.

La nueva administración ha hecho del combate a la corrupción una bandera, aunque enfrenta herencias institucionales y estructuras debilitadas del sexenio anterior. Hay avances, pero también es claro que los mecanismos de transparencia, vigilancia y sanción están en reconfiguración.

Sheinbaum también ha insistido en fortalecer los programas sociales de bienestar, salud pública y educación. Esto le ha permitido mantener respaldo popular, especialmente en regiones con mayores rezagos.

Aunque algunos indicadores bajan (por ejemplo, homicidios en ciertos estados), la gente sigue sintiéndose insegura. Ese desfase puede erosionar legitimidad si no se traduce en mejoras concretas en el día a día.

Actuar “caiga quien caiga” es una consigna fuerte, pero la estructura estatal, judicial y administrativa tiene muchos vacíos. Las reformas para eliminar organismos autónomos, centralizar funciones y reformar el poder judicial están generando críticas sobre autonomía y equilibrio de poderes.

El gobierno tiene que equilibrar sus promesas sociales con sostenibilidad económica. Atraer inversión, generar crecimiento, exportaciones, empleo formal y manejar efectos externos (como las relaciones con EE.UU., aranceles, T-MEC) serán desafíos constantes.

Impacto en Durango: ¿Qué ha cambiado, ¿qué falta y qué riesgo hay?

Durango es un estado que refleja diversos retos de México: rezagos sociales, escasez de agua, desigualdad regional, inseguridad en algunas zonas, y una política local fuertemente influenciada por partidos tradicionales. Las acciones de Sheinbaum tienen efectos concretos, esperados y potencialmente conflictivos para la entidad.

Mayor presencia de la 4T y crecimiento político

Sheinbaum afirma que en Durango la coalición Morena-PVEM-PT ha ganado presencia política, pasando de gobernar el 15.4 % de la población a cubrir el 33.05 %. Aunque aún es minoritaria, ese crecimiento significa mayor influencia federal sobre municipios y municipios con nuevo perfil político.

Inversión federal en infraestructura social y agua

Durante una gira de trabajo en Durango, la presidenta anunció inversiones importantes: más de 7,300 millones de pesos para agua potable, tecnificación de riego, potabilizadora, presa Tunal II, y conexiones hídricas en la Laguna. Esto podría transformar la disponibilidad de agua para ciudadanos y agricultores. Gobierno de Durango

También se han activado programas sociales relevantes: pensiones para adultos mayores, becas para personas con discapacidad, apoyos educativos, salud domiciliaria, farmacias del Bienestar.

Según datos de la Secretaría del Bienestar, se han destinado miles de apoyos para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y discapacitados en Durango. Esto mejora la captación política local y, más importante, el acceso real a derechos sociales.

Infraestructura hídrica: urgencia y complejidad

Los proyectos de agua anunciados son prometedores, pero implican grandes retos técnicos, financieros y de gobernanza. Las obras de presa y riego requieren coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipios, además de enfrentar oposiciones locales, efectos ambientales y resistencia política. Si no se cumplen o se retrasan, generarían frustración.

Durango no es de los estados más violentos del país, pero tampoco está exento. La percepción ciudadana y la incidencia delictiva dependen mucho del ámbito municipal y estatal. El refuerzo de la Guardia Nacional y coordinación con el gobierno federal es esencial, pero los resultados tardan en notarse. Si no mejora la sensación de seguridad, el apoyo político y social puede mermar.

Competencia política fuerte

La oposición local (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano) mantiene bases importantes en municipios clave: la capital, Lerdo, Gómez Palacio, etc. Los resultados recientes muestran que Morena no ha logrado aún el dominio local total, incluso con el respaldo presidencial. Esto puede frenar los proyectos federales si no hay colaboración.

Anunciar becas, pensiones, hospitales y obras es una cosa; cumplirlo es otra. En zonas rurales y de difícil acceso, la implementación (infraestructura, personal, monitoreo, mantenimiento) es compleja. Las fallas pueden generar desencanto, incluso con apoyo federal fuerte.

Durango enfrenta retos industriales, agrícolas y medioambientales: sequía, migración, falta de diversificación productiva. Si bien los programas sociales ayudan, no sustituyen el desarrollo económico estructural. Es necesario atraer inversión, mejorar competitividad, y crear empleos formales de calidad.

Claudia Sheinbaum ha asumido un primer año con firme intención de transformación y renovación política. Algunos de sus mejores resultados están en visibilizar la lucha contra la corrupción, mantener programas sociales y enfatizar la seguridad como prioridad. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales, políticos y económicos que no terminan de resolverse.

Para Durango, el impacto puede ser significativo si los anuncios se traducen en obras y mejoras reales, especialmente en agua, salud y educación. Pero la clave estará en cómo se coordinen los tres niveles (federal, estatal, municipal), cómo se enfrente la oposición política local, y si las poblaciones perciben mejoras palpables, especialmente en seguridad y acceso al empleo.