A fin de que no se afecte la economía de los duranguenses

Con el objetivo de que  no se afecte la economía de las familias duranguenses en estos momentos en que la inflación ha alcanzado niveles históricos, el pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas al decreto de la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado, para  proponer  hasta el 2024, la obligación que tienen los propietarios de vehículos automotores de contar con seguro de responsabilidad civil de daños a terceros.

Durante la sesión ordinaria, la Comisión de Tránsito y Transportes sometió a consideración el dictamen de la iniciativa que en su momento presentó el Grupo Parlamentario del PAN, para que sea hasta el 2024 que las y los duranguenses puedan hacer frente a esta responsabilidad.

“Debemos ser conscientes de la situación por la que atraviesan las familias de nuestra entidad y buscar la manera de no apremiar aún más su economía. El contar con comida, servicios básicos y una vivienda, en este momento se encuentra por encima del cumplimiento de otras obligaciones”, destacó la diputada Paty Jiménez Delgado al subir  a la máxima tribuna del Estado.

Como otro elemento considerado para modificar la entrada en vigor del decreto, la legisladora destacó el notorio aumento de los precios en los productos de la canasta básica de los mexicanos.

“Si bien es cierto que los accidentes automovilísticos son cotidianos y resulta lamentable que aún no son muchos los propietarios de vehículos que cuentan con un seguro de protección en caso de accidente, es indispensable considerar los niveles de gasto que ha ocasionado en el bolsillo de las y los duranguenses, el acelerado y descontrolado aumento de precios en los productos de primera necesidad y en todo efecto de comercio”, señaló.

Cabe destacar que el dictamen tiene sus antecedentes en el 2020,  cuando se aprobó las reformas a la Ley de Tránsito para los Municipios,  para establecer la obligación del seguro de daños a terceros que entraría  en vigencia el  2022, sin embargo, se modificó para que comenzará en el 2023.

Pero nuevamente, los legisladores locales plasmaron su voto a favor para aplazar la entrada en vigor, con la intención de  ser empáticos con los durangueses que viven una situación precaria.