CHIPOTE CON SANGRE

Por César Adrián Castro Aguilar

“Dos de octubre no se olvida”. La consigna no es un eslogan vacío: es la denuncia de una herida que sigue abierta. Han pasado más de cincuenta años desde la matanza de Tlatelolco y, aunque se sabe quiénes fueron los responsables, nadie ha pagado por los crímenes cometidos aquella tarde contra estudiantes, maestros y ciudadanos que exigían libertad y democracia.

El 68 mostró lo que el Estado mexicano era capaz de hacer cuando se sentía amenazado: usar al ejército contra su propio pueblo. No se trató de un accidente ni de un error en la cadena de mando; fue un acto deliberado de represión para sostener un régimen que solo beneficiaba a unos cuantos. Esa noche hubo muertos, desaparecidos, torturados, y una generación entera marcada por el miedo.

Lo que indigna no es solo el crimen, sino la impunidad. La Fiscalía Especial creada hace años confirmó lo que todos ya sabían: que el gobierno federal ordenó la represión. Sin embargo, las conclusiones no se tradujeron en juicios ni castigos. La justicia quedó enterrada bajo los acuerdos políticos y la complicidad de los partidos, que prefirieron proteger a los poderosos antes que responder a las víctimas.

Cada aniversario, las autoridades repiten discursos solemnes, inauguran placas, organizan actos simbólicos. Pero la verdad es que en México los crímenes de Estado nunca se castigan. Los muertos del 68 comparten destino con los de Ayotzinapa, con los periodistas asesinados, con los miles de desaparecidos que se acumulan en las fosas clandestinas. La historia se repite porque el mensaje es el mismo: la vida ciudadana vale menos que los intereses del poder.

El daño moral no prescribe. El 2 de octubre sigue siendo una deuda con la democracia mexicana porque la impunidad no ha permitido dar vuelta a la página. Mientras no haya responsables tras las rejas, mientras los desaparecidos sigan siendo un misterio y la verdad continúe fragmentada, la consigna seguirá vigente.

El 68 no se olvida porque sigue doliendo. Y duele porque México todavía no puede responder a la pregunta central: ¿cuándo habrá justicia para las víctimas del Estado Mexicano?