• Muchas mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad, cuando están en  pobreza,  se es indígena o tienen alguna discapacidad: Sandra Amaya

Teniendo como premisa salvaguardar los derechos de las mujeres e impulsar un sistema de justicia con perspectiva de género en Durango, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó la iniciativa de reformas Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado.

“Muchas mujeres se encuentran en doble o triple situación de vulnerabilidad, porque la justicia es mucho más difícil cuando se están en pobreza, cuando se es indígena, o se tiene alguna discapacidad”, precisó.

Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena propuso establecer como requisito para ingresar y pertenecer como defensor público o asesor jurídico actualizarse y capacitarse constantemente en materia de perspectiva de género.

Frente a los diputados comentó que quienes imparten justicia tienen en sus manos hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual deben evitar que en el proceso de interpretación y aplicación intervenga concepciones prejuiciadas de como son y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género determinado.

“Uno de los principales problemas que tenemos en el estado, es que las instituciones de Defensoría Pública no garantizan el derecho a una defensa legitima en materia de perspectiva de género por la falta de capacitación de quienes desempeñan sus funciones”, resaltó Amaya Rosales.

La legisladora resaltó que desde que  inicio el gobierno de la Cuarta Transformación, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a la no discriminación,  lo cual ha cumplido, gracias a la firma del acuerdo en 2019 por la igualdad entre mujeres y hombres, donde incorporó la perspectiva de género en las políticas públicas, lo cual constituyó un enorme avance en materia de equidad.

De ahí, la  necesidad de contar con una Defensoría Pública que promueva, exija y luche por una impartición de justicia con perspectiva de género, para lo cual es preciso que defensoras y defensores cuenten con las herramientas necesarias para prestar sus servicios aplicando este enfoque de manera que pueda incidir en las determinaciones jurisdiccionales, pero sobre todo se requiere que lo internalicen como parte de su propio desempeño.