La diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Durango, ha presentado una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad del Estado con el objetivo de establecer un marco jurídico de coordinación formal entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Esta propuesta busca fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar eficazmente los actos de corrupción, mediante mecanismos respaldados jurídicamente que promuevan la colaboración interinstitucional. 

Un paso firme hacia la transparencia 

En su discurso, la diputada subrayó la importancia de esta reforma: 
"La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos estructurales al desarrollo nacional, y Durango no es la excepción. Estas cifras no son solo estadísticas: son reflejo de una realidad que deteriora la confianza ciudadana, desvía recursos públicos y perpetúa la impunidad." 

La iniciativa propone protocolos para proteger a denunciantes y testigos, realizar diagnósticos conjuntos, estandarizar procedimientos e intercambiar información estratégica. Además, responde a la exigencia ciudadana de institucionalizar la cooperación entre las entidades clave en la lucha contra la corrupción. 

"Durango no puede ni debe quedarse atrás. Esta propuesta no es una ocurrencia, es una herramienta institucional que refleja el modelo de gobierno que impulsamos en MORENA: ética pública y transparencia en la rendición de cuentas." 

Impacto esperado 

Con esta reforma, se espera consolidar un sistema más robusto y eficiente para combatir la corrupción en Durango, fortaleciendo la confianza ciudadana y garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y responsable. 

Durango avanza hacia un futuro más justo y ético, liderado por iniciativas que priorizan la rendición de cuentas y el respeto por los derechos de sus ciudadanos.