Ayuntamientos deben conocer las necesidades de la población a través del presupuesto participativo.

Por Areli Noriega - mayo 26, 2024

Ayuntamientos deben conocer las necesidades de la población a través del presupuesto participativo.

Iniciativa: Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango 
Diputado: Londres Botello Castro 
Objetivo: Facultar a los ayuntamientos de nuestra entidad para implementar la figura del Presupuesto Participativo, como mecanismo para el desarrollo y progreso de la comunidad y de intervención activa y directa de esta en la vida democrática municipal, mediante propuestas ciudadanas.
Ampliación de motivos:
Los valores de la democracia, se sustentan en el poder de la sociedad que la crea y la sostiene, y se consolidan a través de la injerencia directa e indirecta que esta tenga para el bien común.
La participación de la sociedad en la construcción de la vida democrática de una nación, no solo se limita al ejercicio del voto en la elección de sus representantes o en las aspiraciones para ser parte de las opciones que se presenten ante esa misma sociedad en alguna contienda electoral.
La toma de decisiones que compete a la sociedad dentro de las verdaderas democracias incluye las relativas a la orientación que se le pueda dar a los recursos públicos, mismas que puede incluir la ejecución de programas de mejora de espacios comunes, de nuevas construcciones en escuelas o reparación de infraestructura, obras y servicios, equipamiento, actividades recreativas, deportivas o culturales, entre muchas otras.
La construcción y consolidación de una democrática se manifiesta en la vida diaria de las personas, en sus acciones u omisiones respecto al derecho de sus semejantes, en la manera de afrontar sus responsabilidades como ciudadano o ciudadana para el bienestar general y también en la colaboración, al lado de quienes deben tomar las decisiones en la edificación y mantenimiento de los espacios públicos.
Mientras en otros niveles tratan de desvirtuar la naturaleza democrática de nuestra nación, en Durango avanzamos hacia la consolidación de una función pública abierta, que permite cada día más la intervención de la ciudadanía en las decisiones y labores de sus representantes.
Hoy, el ejercicio de la toma de decisiones entre gobierno y sociedad civil, puede ser una responsabilidad compartida entre estas partes, lo que permite además el acercamiento e interacción entre representantes y representados, entre el poder del pueblo y aquellos que lo deben defender.
Todo lo anterior, se puede expresar, entre otras formas, en lo que se conoce como presupuesto participativo, mismo que ha sido definido como un método, un recurso, un mecanismo y hasta un proceso democrático en el que un gobierno otorga a los ciudadanos la oportunidad de participar en la decisión de cómo puede ser distribuido un porcentaje del presupuesto anual entre su comunidad.
Por lo manifestado, damos nuestro voto a favor del presente dictamen, toda vez que plasma en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, la facultad de los ayuntamientos de nuestra entidad para implementar la figura del Presupuesto Participativo, como mecanismo para el desarrollo y progreso de la comunidad y de intervención activa y directa de esta en la vida democrática municipal, mediante propuestas ciudadanas.
Para lo cual, durante el proceso de elaboración del presupuesto para cada ejercicio fiscal, la Autoridad Municipal deberá considerar una partida denominada presupuesto participativo, a la que se asignará el monto correspondiente al momento de concluirse el proceso de elaboración del mismo, la cual se ajustará en el mes de febrero, una vez que sean publicadas las cifras de actualización a la Ley de Ingresos respectiva. 
Una vez que se conocen las obras y servicios a realizar con el presupuesto participativo, se deberán de realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes. 
Además, cada Ayuntamiento podrá reglamentar la forma, el procedimiento, los plazos y los entes responsables de llevar a cabo la difusión, recepción y evaluación técnica, económica y jurídica de las propuestas ciudadanas recibidas, con el fin de presentarlas a la Ciudadanía para su votación.

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