• El 15 de mayo sucedió un genocidio en Palestina, por lo que cientos de mexicanos protestaron en CDMX para exigir al Gobierno a posicionarse contra este hecho.

El pasado martes, el tribunal dio a conocer a través de un comunicado oficial, en donde explica que México pidió incorporarse al caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio en la Franja de Gaza. 

La representación mexicana declaró que, como miembro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, tiene la intención de dar su perspectiva en la interpretación de los principios de derechos internacional que pueden ser relevantes en la causa abierta hace cinco meses.

“México tiene un interés jurídico muy claro como signatario de este tratado y lo que está haciendo es comunicar a la Corte su intención de que su cumpla y se haga cumplir la Convención sobre Genocidio”, explica León Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya. 

El Gobierno mexicano dio un paso adelante para decir cómo, en su opinión, deben ser interpretados estos principios en el contexto del conflicto en Gaza, dice el especialista. La Convención es uno de los instrumentos jurídicos más importantes en el sistema internacional porque establece elementos de derecho consuetudinario para los países que firmaron el tratado, pero también para el resto de Estados.

“La Corte tiene un procedimiento muy claro en su reglamento y sus estatutos: después de cualquier Estado pide intervenir en un caso, la Corte consulta primero a las partes del litigio para ver qué opinan, esas respuestas van a ser sopesadas por la CIJ y con base en este análisis le van a contestar a México si puede intervenir o no”, expone Castellanos Jankiewicz. Tras la declaración de México, Israel y Sudáfrica tendrán que ofrecer posicionamientos por escrito sobre la participación mexicana.

Nicaragua solicitó en enero sumarse a la causa judicial como parte en el litigio, mientras que Colombia hizo una declaración similar a la del Gobierno mexicano a principios de abril, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, como lo hicieron las autoridades mexicanas. Como signatario de ese instrumento, es probable que se acepte la solicitud de México, aunque la última palabra está en manos del Alto Tribunal.

Libia también hizo solicitud formal el pasado 10 de mayo, bajo los mismos argumentos de México. Otros países que se han mostrado interesados, pero que no han formalizado sus peticiones son Egipto, Maldivas, Turquía, Irlanda y Bélgica, informa la corresponsal de EL PAÍS Isabel Ferrer.