En un acto que marca un precedente histórico, el Congreso del Estado de Durango aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, consolidando la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer. Esta reforma, impulsada por los grupos parlamentarios de Morena y del PAN, busca garantizar que ningún agresor, deudor alimentario o violentador de mujeres pueda ocupar cargos públicos. 

La diputada Sandra Amaya Rosales, una de las principales impulsoras de esta iniciativa, destacó la importancia de esta reforma como un acto de justicia para las familias duranguenses. En su intervención, subrayó: “Estamos dando un paso gigantesco, nos unimos para que niñas, niños y adolescentes nunca más tengan que carecer de sus pensiones alimenticias. ¡Hoy les puedo decir que lo logramos!” Además, reconoció el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales por presentar un dictamen votado por unanimidad, reflejando el compromiso de los legisladores con la protección de los derechos de los infantes. 

Por su parte, Alejandro Mojica, coordinador de los diputados del PAN, enfatizó la trascendencia de esta reforma como una respuesta firme a las demandas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. En su discurso, expresó: “¡Ya basta de simulaciones! Hoy estamos aquí para hacer historia, para levantar la voz por quienes han sido silenciados por años. Esta reforma no es una moda, es un mensaje claro de que Durango no tolerará la impunidad.” 

La Ley 3 de 3 contra la violencia establece que quienes hayan atentado contra la vida, integridad o dignidad de otros no podrán aspirar a cargos públicos. Esto incluye a agresores sexuales, violentadores de mujeres y deudores alimentarios, quienes, según Mojica, “no tienen cabida en el servicio público.” Además, la reforma armoniza el marco legal estatal con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, reafirmando el compromiso de Durango con la justicia y la protección de los derechos humanos. 

Con esta reforma, Durango envía un mensaje contundente: la política debe estar al servicio de la justicia y la dignidad humana. Este avance legislativo no solo fortalece el marco constitucional del estado, sino que también representa un paso firme hacia una sociedad más equitativa y libre de violencia.