• “El amparo no es para proteger al gobierno, sino al ciudadano” afirma diputada

“La reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder público, al limitar una de las herramientas jurídicas más importantes del país”, advierte la diputada Rocío Rebollo Mendoza.

 Al hacer uso de la tribuna, aclaró que la Ley de Amparo fue creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de la autoridad, no para proteger al gobierno de los ciudadanos, ya que los que están indefensos son los particulares ante el gobierno.

 La legisladora priista consideró que la iniciativa aprobada por la mayoría automática en la Cámara de Diputados y regresada al Senado responde a la lógica de construir un gobierno autocrático, debilitando el equilibrio de poderes y reduciendo los contrapesos institucionales.

Además, Rocío Rebollo, alertó que la atención pública se ha concentrado en el artículo transitorio que permitiría la aplicación retroactiva de la ley, cuando en realidad hay temas de fondo que requieren un debate técnico y político más profundo.

 “El análisis debe ir más allá de la retroactividad. Debemos discutir la redefinición del interés legítimo, la restricción de las suspensiones, el cumplimiento de sentencias y los efectos reales de la reforma en lo social y en lo jurídico”, señaló a nombre del Grupo Parlamentario del PRI

 Asimismo, cuestionó que los foros de parlamento abierto realizados por la Cámara de Diputados se desarrollaran “a toda prisa”, sin el tiempo necesario para escuchar a expertos ni valorar el impacto de los cambios.

 “Hubiese sido una oportunidad doblemente valiosa para revisar integralmente la reforma y preguntarnos si no estamos convirtiendo al amparo, ese escudo histórico del pueblo, en una herramienta cada vez más pequeña y menos accesible”, sostuvo.

 Rebollo Mendoza subrayó que el amparo es un litigio de derecho público, donde la contraparte siempre es el Estado, y por ello resulta preocupante que la iniciativa incline la balanza a favor del poder y no del ciudadano.

 “Agregar requisitos para obtener una suspensión en casos fiscales o financieros es una forma de dejar indefenso al contribuyente. Un error administrativo podría costar millones sin posibilidad de defensa inmediata”, ejemplificó.

 Finamente, indicó que, sin la suspensión provisional, los ciudadanos serían “culpables de facto”, al no poder detener los efectos de una resolución de autoridad mientras se desarrolla el juicio.