De manera coordinada se llevó a cabo la Primera Jornada de Atención Jurídica para personas privadas de la libertad de origen indígena que se encuentran internadas en el Centro de Reinserción Social (CERESO No. 1), por parte de la Secretaría de Seguridad Pública llevando a cabo la revisión de sus casos la Defensoría de Oficio del Poder Judicial del Estado y con la supervisión de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Dicho encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del propio CERESO No. 1 de esta ciudad capital, donde la Directora de dicho centro, Lic. María de Jesús Galarza, explicó que esta jornada de atención jurídica es en respuesta a las inquietudes de estas personas privadas de su libertad, que de manera particular son de origen indígena, de ahí que tienen problemas desde comunicarse por que algunos no hablan bien el español, hasta ignorar totalmente cuál es su situación jurídica. 

Explicó que el Comisionado, Lic. Óscar Galván Villarreal, Secretario de Seguridad Pública en la entidad, visualizó la necesidad de llevar a cabo este encuentro y poder brindarles la asesoría e información a estas personas, siempre respetando sus derechos fundamentales, destacando la Lic. María de Jesús Galarza, que es la primera vez que se llevan a cabo mesas de trabajo de esta naturaleza. 

La importancia de estas jornadas radica en el sentido de que las personas de origen indígena que se encuentran recluidas a menudo enfrentan discriminación y barreras adicionales para acceder a sus derechos, como el desconocimiento de su situación jurídica o la falta de interpretes en su lengua natal, de ahí que se busca garantizar el acceso a sus derechos fundamentales y asegurar un trato justo y digno durante su reclusión.

Para tal efecto se contó con la presencia de cinco defensores de oficio encabezados por el Director de la Defensoría de Oficio, Lic. Luis Ignacio Covarrubias; del Lic. Carlos Jaime Villalobos Ortega, Coordinador Jurídico de la CEDH; de la Lic. Yolanda María Mercado Almaguer, con la representación del Tribunal Superior de Justicia.

Se instalaron mesas de trabajo, cada una integrada por un defensor de oficio y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, situando en estas a cada uno de los 67 PPL´s de origen indígena para revisar su situación jurídica y en aquellos casos que lo permita la Ley, ir adelantando su libertad condicional o definitiva, lo que también ayudará a descongestionar algo el sobrecupo que se tiene actualmente en dicho reclusorio.